Gavà, Viladecans y Sant Boi denuncian que la ampliación de las zonas de protección de aves pondrá en peligro la agricultura

Los ayuntamientos de Viladecans, Sant Boi y Gavà han presentado alegaciones a la propuesta de la Generalitat de ampliación de la zona de protección especial para las aves (ZEPA) del Delta del Llobregat, en las que, en primer lugar, reclaman la suspensión de la tramitación del acuerdo. Los gobiernos municipales quieren que antes se redacte la planificación pendiente del conjunto de los espacios naturales actualmente incluidos en la Red Natura 2000, “de forma inmediata y con carácter previo a ampliación alguna de la ZEPA”.

Las alcaldesas de Sant Boi, Lluïsa Moret; de Gavà, Gemma Badia, y el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, denuncian que la excesiva ampliación de las zonas de protección de aves que propone la Generalitat pondrá en peligro la actividad agrícola de una zona que supone el 70% de la huerta del Parc Agrari, que es un 30% de la superficie hortícola de Catalunya

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia ha manifestado que “el diálogo al que se comprometió la consellera Jordà no ha existido. Por eso pedimos un  espacio de entendimiento y ser escuchados. Es imprescindible contar con los agricultores, con los ayuntamientos, con todos los agentes del territorio implicados para estudiar y consensuar cómo proteger el medio natural y garantizar al mismo tiempo una convivencia positiva con la agricultura”.

Badia también ha pedido que “el acuerdo de gobierno se anule para no cometer los errores del pasado. No tiene ningún sentido hablar de una ampliación de los espacios naturales cuando hasta ahora no se ha hecho una buena gestión ni se ha dotado de la financiación necesaria. Hay que asegurar el sector agrícola. El campesinado sufrirá las consecuencias de esta ampliación. Con la ampliación de las zonas ZEPA se recortan sus posibilidades y su capacidad de recuperarse. No debemos escoger entre parque natural o parque agrario. Debemos hacer que ambos convivan, porqué ambos son necesarios”.

La suspensión de la tramitación del acuerdo de gobierno de la Generalitat deberá permitir trabajar conjuntamente con el territorio y los agentes implicados tanto la propuesta de ampliación de la ZEPA como los mecanismos necesarios para que ésta revierta los incumplimientos de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea. Deberá ser una propuesta consensuada por todas las partes en la que se garantice la pervivencia de la actividad agrícola y su convivencia equilibrada con las zonas de protección de las aves.

Los ayuntamientos del Delta piden a la Generalitat que, antes de ampliación alguna de la ZEPA, también se garantice un plan de inversiones que recoja las necesidades de la zona, un modelo de gestión y protección adecuado debidamente presupuestado, y una regulación y gobernanza coordinada con los distintos agentes que inciden en el territorio. En este sentido, reclaman que desde ahora mismo se implementen medidas concretas de protección de los espacios naturales, en estos momentos, claramente insuficientes.

Los municipios quieren que se aborde la redacción de una normativa única para todo el ámbito que forme parte de la ZEPA del Delta del Llobregat que recoja la zonificación correspondiente a las características del espacio, definiendo claramente las zonas de núcleo de la actividad productiva agrícola para garantizar su viabilidad económica, los núcleos de los espacios naturales protegidos para garantizar la conservación de hábitats y especies, las “zonas tampón” o amortiguadores para reducir los conflictos de frontera entre la zona agrícola y los espacios naturales.

Paralelamente, los ayuntamientos piden que en el marco de la elaboración y tramitación previa de estos planes y/o programas y de la revisión de la propuesta de modificación de la ZEPA, se realice la correspondiente evaluación ambiental, estudios científicos solventes y contrastados que valoren y analicen la situación de deterioro de los hábitats y la biodiversidad, y las causas que la han provocado. Y en la misma dirección, que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva de las afectaciones sobre los espacios agrarios, de conformidad con la legislación agraria, así como las valoraciones de indemnización.

Una respuesta insuficiente en Europa

En 2013 se inició un expediente a la Comisión Europea que ponía de manifiesto la pérdida de biodiversidad en el espacio Delta de especial protección, lo que dio pie al envío de diferentes informes a los años 2014, 2015 y 2016 que intentaban rebatir el hecho acusatorio.

Una vez analizado por la Comisión Europea, determina la existencia de una vulneración grave de la normativa europea que ha supuesto un manifiesto deterioro de los espacios naturales, poniendo de manifiesto la falta de diligencia en la vigilancia, seguimiento y gestión de los espacios de especial protección del Delta de Llobregat por parte de la Administración competente, que es la Generalitat de Catalunya, habiendo puesto en riesgo el patrimonio natural colectivo, dejando sus obligaciones y responsabilidades.

Sólo cuando llegó la Carta de emplazamiento de la Comisión Europea se puso encima de la mesa de forma unilateral, en 2022, la propuesta de iniciar la redacción y tramitación del Plan de protección del medio natural de la zona. Una acción de contención que apuesta por una gran ampliación de los espacios protegidos sin tener en cuenta por qué hemos llegado a la situación actual y reproduciendo los errores del pasado. En la propuesta no existe ningún cambio en el modelo de gestión de los espacios naturales que ha supuesto la pérdida de biodiversidad denunciada por Europa.

En este contexto, además, la participación económica de la Generalitat en el Consorcio de los Espacios Naturales ha sido más que insuficiente y, por tanto, los ayuntamientos han tenido que sufragar sus gastos por su subsistencia.

En julio de 2022, las alcaldesas y el alcalde mantuvieron una reunión con la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, para presentar la propuesta de trabajo del Hub Agroalimentari y, sólo en ese momento, se informó de forma superficial de la propuesta de ampliación de la ZEPA. Los máximos responsables municipales expresaron de forma contundente la vulneración de los principios básicos de colaboración entre administraciones y pidieron a la Conselleria que se revirtiera esta situación no deseada por nadie.

Fruto de esta petición, la consellera y los ediles acordaron iniciar unas mesas de trabajo conjunto para analizar la propuesta de ampliación de la ZEPA y su justificación científica con los ayuntamientos, así como mesas de trabajo sectorial en las que tuvieran presencia los principales agentes del territorio y, sobre todo, las y los agricultores.

La actuación de la Conselleria, posteriormente, fue la de publicar la propuesta de acuerdo de gobierno de ampliación el 29 de julio de 2022, obligando a los ayuntamientos a solicitar una ampliación del período de información pública y se aprobó el Programa temporal de Despliegue de los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 del que hemos tenido conocimiento por el diario oficial.

En este período se ha celebrado una reunión con la Dirección General de la Conselleria, a la que asistieron los representantes del Parque Agrario, el AMB y los ayuntamientos de Viladecans, Sant Boi de Llobregat y Gavà. Más allá de los asuntos tratados en cuanto a la normativa del Plan Especial del parque, los ayuntamientos solicitaron expresamente la convocatoria de una reunión específica para que se compartiera el análisis y la motivación científica que sustentan la propuesta de ampliación, y que esta reunión se celebrase antes de la finalización del período ampliado de exposición pública, reunión que nunca estuvo convocada.

Los ayuntamientos del Delta no quieren que se repitan los mismos planteamientos erróneos que nos han llevado a la situación actual, ya que el proyecto afecta a una superficie que representa el 70% de la huerta del Parc Agrari, el cual es un 30% de la superficie hortícola de Catalunya.

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