La Generalitat prevé instalar puntos de recarga rápida para coches eléctricos en Gavà

Ojeda Gavà

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha abierto tres consultas preliminares de mercado (CPM) para impulsar actuaciones en infraestructuras de movilidad mediante fórmulas de colaboración público-privada. Entre las iniciativas previstas figura el despliegue de una red de electrolineras de recarga ultrarrápida en vías de titularidad autonómica, que incluye el área de servicio de la C-32 en Gavà.

La consellera Sílvia Paneque ha señalado que, ante el volumen de inversión previsto en los próximos años, la colaboración con el sector privado permitirá actuar con mayor rapidez, más allá de la inversión directa del propio Departament.

En el caso de la red de recarga eléctrica, la actuación se enmarca en el Programa de autogeneración y descarbonización de la red viaria de la Generalitat de Catalunya y en el Pla d’impuls al vehicle elèctric 2025-2030. El objetivo es mejorar la cobertura territorial, reforzar los corredores estratégicos y favorecer la penetración del vehículo eléctrico en las vías de altas prestaciones.

La empresa pública CIMALSA es la encargada de tramitar esta consulta preliminar, que servirá para recabar información técnica, económica y financiera del mercado antes de licitar las obras y el servicio mediante un modelo concesional.

En total, la inversión prevista para el despliegue de esta red asciende a 18 millones de euros.

Gavà, área prioritaria en la C-32

El área de servicio de Gavà figura entre los espacios considerados prioritarios para implantar este tipo de equipamientos en la C-32, junto con otras áreas como Tordera y Maresme. Según el planteamiento inicial, se prevé aprovechar el dominio público viario y sus elementos auxiliares para incorporar estas instalaciones, ya sea en áreas de servicio, zonas de descanso u otros espacios vinculados a la red de carreteras autonómica.

El modelo de concesión que se estudia busca equilibrar la transferencia de riesgos al sector privado con la viabilidad económica de los proyectos, garantizando una rentabilidad razonable y la sostenibilidad financiera conforme a los criterios del Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC-2010).

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