Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), en una operación conjunta con la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y Europol, detuvieron el 10 de noviembre siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa. Los arrestados pertenecían a una organización criminal de carácter transnacional, compuesta por personas de nacionalidad ucraniana, letona y española, que operaban desde Catalunya y la Comunidad Valenciana.
La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.
La investigación se inició en 2018 y ha requerido la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar que incluía expertos del campo económico, del control de armamento, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional. Esta realidad pone de manifiesto la enorme complejidad y dificultad que ha supuesto la desarticulación de esta organización.
La investigación se inició en 2018 y ha requerido la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar que incluía expertos del campo económico, del control de armamento, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional. Esta realidad pone de manifiesto la enorme complejidad y dificultad que ha supuesto la desarticulación de esta organización.
Guerra interna entre los cabecillas
Una guerra interna dentro de la organización investigada debilitó las medidas de seguridad que habían diseñado sus líderes para ocultar su actividad de contrabando de armas y de blanqueo de capitales, actividad que dirigían desde España, concretamente desde las localidades de Gavà y de Calpe (Alicante).
Esta disputa entre los líderes, llena de extorsiones y amenazas mutuas, buscaba la obtención del control de las rutas marítimas utilizadas en los envíos de armas procedentes desde Ucrania a diferentes destinos, principalmente países de norte de África y el Oriente Medio -especialmente en zonas en conflicto- sometidas a embargos internacionales.
Estas disputas provocaron una escisión de la estructura criminal en dos facciones que, por separado, continuaron con las actividades delictivas que desarrollaban.
Fletaban barcos mercantes con armas y explosivos
El estudio detallado de la capacidad económica que la organización disponía en el territorio estatal, unida a una laboriosa tarea de campo por parte de los investigadores, ha permitido identificar a los miembros de la red que operaban desde España y que colaboraban en la compra-venta de armamento ruso que viajaba dentro de barcos de carga fletados diciembre España junto con otro armamento, en este caso de origen lícito, para camuflar de este modo la procedencia del cargamento ilegal.
La capacidad operativa de carácter internacional era una de las particularidades más destacables de esta organización. Los investigadores destacan la facilidad que tenían para realizar este tipo de operativas complejas. A modo de ejemplo cabe destacar la ocasión en que la organización planificó la fuga del capitán de uno de los buques de carga, detenido por las autoridades griegas para contrabando de armas, o como hacían gala de su alta capacidad para al transporte internacional de armas pesadas a través del Mediterráneo, incluyendo carros de combate.
Habrían blanqueado más de 10 millones de euros
Fruto de esta actividad delictiva, la organización generaba cuantiosos beneficios que eran introducidos en el sector económico. Para dotarlos de apariencia legal la organización había establecido un modus operandi que partía de paraísos fiscales donde domiciliar los cargueros identificados en la investigación.
Así se aseguraban de recibir el dinero originados por el tráfico de armas a países con un control bancario menos riguroso, para posteriormente transferirlo a cuentas corrientes de sociedades europeas, principalmente de Suiza y el Reino Unido. Una vez allí, las mercantiles que controlaban las cuentas corrientes, transferían en España todo el capital blanqueado, simulando una actividad comercial lícita y real que permitía a los investigados operar mediante inversiones patrimoniales y mantener un elevado nivel de vida.
En el operativo policial llevado a cabo el 10 de noviembre a las demarcaciones de Valencia, Alicante y Barcelona se ejecutaron septiembre entradas y registros domiciliarios, además de intervenir importante documentación de ámbito económico, equipos informáticos y dinero en efectivo.
Pasaron a disposición de la titular de Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional tres de los detenidos, los líderes de la organización, para los que decretó su ingreso en prisión.
La juez también ha ordenado medidas cautelares de embargo sobre dieciocho propiedades inmobiliarias y el bloqueo bancario de más de 50 productos financieros, por lo que el valor en conjunto del patrimonio objeto de intervención podría superar ampliamente los 10 millones de euros.
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Fuente: Nota de prensa de Mossos d’Esquadra.
